La semana pasada llegaron al país, en tres vuelos, dos millones de dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus, desarrollada por el laboratorio del Instituto de Productos Biológicos de Beijing, de la República Popular de China. Se trata del segundo componente de dicha vacuna que reforzará a los argentinos que se habían aplicado la primera. En San Nicolás, ya hay 23.366 nicoleños vacunados con primeras dosis, lo que supone un alivio para esas personas que llevan esperando un tiempo. Recordemos que, desde que comenzó la campaña hasta el momento, se había decidido por un tiempo aplicar únicamente primeras dosis con el fin de llegar a más argentinos. En concreto, la idea principal era tratar de retrasar la llegada de la segunda ola, que ya es un hecho en nuestro país. Vale destacar que la primera dosis también es efectiva para evitar llegar a terapia intensiva, pero crece aún más la protección con la segunda vacuna. El lunes, según el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se vacunó a 321 nicoleños, el martes a 291 y el miércoles a 18. Todos con segundas dosis. Antes de ese lunes, se habían aplicado únicamente 23 vacunas del componente complementario en un período de 39 días. En cuanto a las personas que se estarían vacunando, en su mayoría se trata de docentes, personal de seguridad y personas de entre 18 y 59 años con afecciones crónicas, ya que cuando arribaron las primeras vacunas de Sinopharm aún no estaba aprobada en Argentina para mayores de 60 años. Ahora se le solicita al nicoleño que esté atento a las diferentes plataformas para poder asistir a vacunarse. Es necesario que los ciudadanos consulten diariamente la aplicación VacunatePBA y la página web vacunatepba.gba.gob.ar así como, también, el correo electrónico. En caso de perder el turno por no haberlo visto a tiempo, hay un margen de 15 días para asistir al vacunatorio asignado.
Luego de la reunión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Gregory Meeks, cerca de setenta legisladores demócratas presentaron en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un proyecto de Resolución que solicita a la Casa Blanca que exija al Fondo Monetario Internacional (FMI) la suspensión de los pagos de “todos los servicios de la deuda” a la Argentina y otros países deudores hasta que concluya la crisis global causada por el COVID-19.
La iniciativa parlamentaria presentada con el nombre de “Una Contundente Respuesta Global a la Pandemia del COVID-19”, establece que la Casa Blanca, a través de la Secretaría del Tesoro, reclame también al FMI que “relaje los objetivos fiscales de todos los programas” acordados o por acordar con “los países que están buscando financiación” en ese organismo multilateral, mientras la pandemia continúe.
El proyecto, además, propone que el director de los Estados Unidos en el FMI vote a favor de la emisión de al menos 3000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) para que “los gobiernos tengan acceso adicional a recursos financieros para responder a la pandemia global de COVID-19″. La novedosa iniciativa legislativa es consecuencia del trabajo conjunto entre el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Gregory Meeks, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Capitolio. Massa y Meeks tienen muy buena relación y ambos consideran clave el papel de Estados Unidos al momento de facilitar las negociaciones de los países deudores con el FMI.
Massa informó sobre esta acción en el Capitolio al presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, y será un argumento más cuando haya que explicar al board del Fondo Monetario Internacional que en medio de la pandemia es casi imposible aceptar un acuerdo de Facilidades Extendidas con plazo exiguo e intereses altos.
Llegó el frío. En nuestra ciudad la temperatura estuvo este jueves por debajo de los 3 grados. Se trata de los primeros anticipos de un invierno para el que todavía faltan unas seis semanas. ¿Puede el frío generar una suba en los contagios de coronavirus? Especialistas y autoridades sanitarias coinciden: la respuesta es sí. Sin embargo, no tiene que ver con el comportamiento del virus, sino con el de las personas. Consultada por EL NORTE, la Dra. Mirna Bottazzi, secretaria de Salud de la Municipalidad de San Nicolás, opinó que la baja de las temperaturas configura un momento que resulta necesario “reforzar las medidas preventivas”. “Son medidas que ya tenemos incorporadas y a las que en esta época de bajas temperaturas no debemos dejar de prestar atención: la ventilación de los ambientes, la higiene de manos, evitar las reuniones en lugares cerrados. Lógicamente, las bajas temperaturas no ayudan a que sigamos cumpliendo con estas medidas preventivas; por eso debemos insistir”, señaló la titular de la cartera sanitaria municipal. La funcionaria recordó, además, que entramos en la época del año en que aparecen las enfermedades estacionales propias del invierno, la mayoría de ellas respiratorias. Y en este sentido, recalcó: “Los cuadros se pueden llegar a confundir. Por eso es importante no subestimar ningún síntoma. Ante el comienzo de alguna sintomatología que el coronavirus comparte con una gripe menor, no hay que minimizar la presencia de cualquiera de esos síntomas. Ante ese tipo de situación, siempre lo mejor es consultar al médico de confianza o al servicio emergencias. Y lo que también es muy importante en este tipo de casos, es el inmediato aislamiento preventivo, porque si los síntomas corresponden al COVID-19 y no a una gripe estacional, esa persona podrá contagiar a otras”.
Desde el Gobierno bonaerense también salieron a advertir sobre las próximas semanas y la llegada del frío, que ya empieza a hacer mella en todo el país. El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, advirtió este jueves que la llegada del frío puede generar un nuevo incremento de casos de coronavirus por los comportamientos sociales, y alertó que el sistema de salud “continúa en riesgo de saturación”. “La llegada del frío puede generar un nuevo aumento de casos. Nos preocupa bastante”, reconoció García. E indicó que, por la experiencia del año pasado y la de otros países, se sabe que las bajas temperaturas “ayudan a incrementar los contagios no por el virus, sino por los comportamientos sociales”. “Empezamos a tener menos actividades al aire libre, y las trasladamos a lugares más cerrados. Hay menos aire libre, eso ayuda a aumentar el riesgo de transmisión”, aseguró García y remarcó que “estamos entrando en una temporada donde hay que cuidarse más porque aumenta el riesgo de transmisión”. En ese sentido, precisó que las últimas restricciones aplicadas por el Gobierno “salvaron del colapso al sistema sanitario”, algo que “era inminente”, aunque advirtió que “todavía estamos sufriendo los coletazos de las semanas que tuvimos más casos”. “Imagínense que desde que una persona se contagia, va a una guardia, o las personas en las que se agrava el cuadro, no es algo inmediato, son entre 13 y 15 días desde el contagio hasta el ingreso a terapia intensiva y por eso todavía estamos sufriendo ese coletazo”, lamentó. Por otro lado, explicó que con este coronavirus “los casos suben muy rápido pero bajan muy lento” y señaló que las medidas para que bajen “son muy duras” y tienen un “costo social complejo”. Y añadió: “Si se quisiera que los casos bajen a la misma velocidad que subieron, las restricciones tendrían que ser mucho más fuertes y los costos sociales serían altos”.
Luego de la reunión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Gregory Meeks, cerca de setenta legisladores demócratas presentaron en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un proyecto de Resolución que solicita a la Casa Blanca que exija al Fondo Monetario Internacional (FMI) la suspensión de los pagos de “todos los servicios de la deuda” a la Argentina y otros países deudores hasta que concluya la crisis global causada por el COVID-19.
La iniciativa parlamentaria presentada con el nombre de “Una Contundente Respuesta Global a la Pandemia del COVID-19”, establece que la Casa Blanca, a través de la Secretaría del Tesoro, reclame también al FMI que “relaje los objetivos fiscales de todos los programas” acordados o por acordar con “los países que están buscando financiación” en ese organismo multilateral, mientras la pandemia continúe.
El proyecto además propone que el director de los Estados Unidos en el FMI vote a favor de la emisión de al menos 3 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) para que “los gobiernos tengan acceso adicional a recursos financieros para responder a la pandemia global del COVID-19″.
La novedosa iniciativa legislativa es consecuencia del trabajo conjunto entre el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Gregory Meeks, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Capitolio. Massa y Meeks tienen muy buena relación y ambos consideran clave el papel de Estados Unidos al momento de facilitar las negociaciones de los países deudores con el FMI.
Massa informó sobre esta acción en el Capitolio al Presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, y será un argumento más cuando haya que explicar al board del Fondo Monetario Internacional que en medio de la pandemia es casi imposible aceptar un acuerdo de Facilidades Extendidas con plazo exiguo e intereses altos.
La reunión fue organizada por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), y contó con el moderador Juan Manuel Erdocia, consultor de GIZ en Argentina. Los oradores fueron Constanza Gorleri, gerenta de Sustentabilidad del Banco Galicia; Matías Kelly, director de Estrategia de Asoc. Civil Sumatoria; y Matías Isasa, director de la Comisión Nacional de Valores, quienes representan la pluralidad de la sociedad civil. El encuentro contó con más de 60 participantes, asimismo, desde la organización buscan reiterar el encuentro.
Ciudad de Buenos Aires, 5 de mayo de 2021. A partir del encuentro virtual denominado “Diálogos sobre Finanzas Sostenibles a nivel local”, comenzó un ciclo de reuniones con el objetivo de proveer conocimiento al desarrollo financiero sostenible, fortalecer los roles de los gobiernos locales y regionales, y así fomentar un ecosistema propicio para inversiones sustentables, difundiendo ejemplos concretos de programas o instrumentos financieros de impacto en Argentina.
En el marco del Proyecto “Green Economy Transformation in Cooperation with the Partnership for Action on Green Economy (PAGE)”, implementado por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), como parte de su Programa de Políticas Ambientales, Juan Manuel Erdocia, consultor de GIZ en Argentina, convocó a referentes del sector para intercambiar experiencias y propiciar un espacio que impulse la agenda de las finanzas sostenibles en el país.
“Creemos que es posible lograrlo transformando las finanzas y creando vías que promuevan una economía, más sostenible, verde, equitativa y regenerativa”, comenzó el debate Erdocia, en su rol de moderador.
Por su parte, Constanza Gorleri, gerente de sustentabilidad del Banco Galicia, manifestó: “No tengo dudas que las finanzas sostenibles llegaron para quedarse, el contexto actual hace que esta agenda cobre una relevancia particular. Tenemos la necesidad de ir profundizando nuestras acciones para el desarrollo social y ambiental”.
Una ciclista que se desplazaba por avenida Alberdi se vio involucrada en un accidente con un colectivo y falleció. El siniestro se produjo en la tarde de ayer. Personal del SIES, policial y de tránsito trabajaba durante la tarde en Alberdi y Juan José Paso, luego de que un colectivo embistiera a una mujer que se trasladaba en bicicleta, que falleció en el lugar. La ciclista transitaba Av. Alberdi rumbo al norte a la altura de la parada del Metrobús de Juan José Paso cuando, en circunstancias que se intentan establecer, fue atropellada por el ómnibus. En la zona hubo mucha demora y congestión a raíz del accidente.
Desde su construcción en el año 2016, hubo al menos cinco siniestros fatales a lo largo de su trayecto hasta este miércoles, en que murió una ciclista. El 1º de noviembre de 2016, un colectivo arrolló a una nena de 6 años en Alberdi y French y le ocasionó heridas graves. Diez días más tarde, un hombre de 45 años fue embestido por un colectivo de Rosario Bus y murió en el acto. El 23 de mayo de 2017, una mujer de 61 años fue atropellada en Alberdi y Juan José Paso por un colectivo de la línea 35/9 verde y murió a los 9 días. El 10 de junio de 2017, un chico de 16 años perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo en Alberdi y Gorriti. El 9 de agosto de 2018, un hombre de 38 años fue embestido por una unidad de la empresa Rosario Bus y sufrió “pérdida de conocimiento con traumatismo de cráneo”.
Colombia atraviesa días de convulsión social debido a las protestas callejeras contra un proyecto gubernamental de reforma tributaria, ya retirado del Congreso, que dejaron un saldo de 19 muertos, unos 800 heridos, además un alerta militar en buena parte del territorio nacional y a la administración de Iván Duque sin ministro de Hacienda, por la renuncia de Alberto Carrasquilla, mientras los organizadores del paro subieron ahora las exigencias de sus reclamos. El gobierno colombiano había propuesto una reforma impositiva que buscaba recaudar cerca de 6.300 millones de dólares, el equivalente a un 2% del PIB. El proyecto, que llevaba el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, fue presentado el 15 de abril ante el Congreso y días más tarde retirado del congreso. Duque, el presidente, pidió “tramitar uno nuevo” después de explicar que había hablado con “líderes de partidos políticos, de la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial que habían aportado valiosas ideas” para lograr incrementar la recaudación “sin afectar a la clase media y a los más vulnerables”. El proyecto de la Ley de Solidaridad Sostenible buscaba recaudar dinero para pagar principalmente los compromisos de deuda. Según el Banco de la República, en enero de 2021 el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% del PIB del país. La Defensoría del Pueblo subió este miércoles a 24 la cifra de muertos y el Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas, de las cuales 306 son civiles. Las autoridades detuvieron además a 431 personas durante las movilizaciones y el Ejecutivo ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas, tal como lo había reclamado el viernes pasado el expresidente Álvaro Uribe, mentor de la llegada de Duque al Palacio de Nariño.
El sector ganadero está en guardia ante los embates de una parte de la sociedad que tiene en la mira a la producción de carne como una de las grandes responsables del calentamiento global. Una de las manifestaciones de esa tendencia es la iniciativa “Lunes sin carne”, que ya fue lanzada hace más de diez años nada menos que por el ex Beatle Paul Mc Cartney y su mujer y que tiene millones de adeptos en todo el mundo. La idea de fondo es reducir el consumo de carne para hacer un pequeño aporte personal contra el impacto ambiental de la ganadería.
Pero en los últimos días se encendió la polémica en el plano local porque se lanzó la versión argentina, titulada “los lunes verdes” pero con el mismo lema de reemplazar proteínas animales por vegetales. La iniciativa fue promovida mediante un video en el que participó el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que por alguna razón ya no está disponible. Tal vez alguien en el Gobierno haya reparado en la contradicción que significaba tener a un ministro promoviendo una reducción en el consumo de carne, amparado en una acusación hacia el sector productivo, en un país que tiene a la ganadería como su actividad más federal, importante generadora de divisas y trabajo y, además, bajo un sistema que captura casi tanto carbono como el que emite.
“En nuestro país, el aporte de la ganadería vacuna a las emisiones totales del planeta es de solo 0,15 %. Se destinan aproximadamente 65 millones de hectáreas a la ganadería, tierras que no son aptas para la producción de otro tipo de alimento para el hombre. El uso de un área de tierra tan significativa a través del pastoreo implica que el secuestro de carbono (CO2) atmosférico en el suelo es más relevante de lo que se pensaba anteriormente”, remarcó al respecto un informe difundido por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Y agrega: “La energía utilizada por el ganado para vivir deriva de la fijación de CO2 a través de la fotosíntesis por parte de las especies forrajeras que consumen. El CO2 permanece en la atmósfera por mucho más tiempo que el metano producido en la digestión de los alimentos por los vacunos. Por lo tanto, si bien el valor de emisión del metano es mayor, cuya magnitud es motivo atcualmente de revisión, al permanecer menos tiempo resulta en un efecto ambiental neto menor”.
Respecto a las afirmaciones que favorecen una ingesta baja de carne, el Ipcva afirma que estas son cuestionadas científicamente ya que la carne es un alimento de alta calidad bien conocido por los seres humanos rico en nutrientes esenciales, como los aminoácidos de alto valor nutritivo que nuestro cuerpo no puede sintetizar en las cantidades adecuadas, EPA (ácido eicosapentanoico), DHA (ácido docosahexaenoico) omega-3, hierro hem, vitaminas B12 y D3, creatina, carnosina, taurina, particularmente importante en el desarrollo cerebral de los bebés.
Horacio Rodríguez Larreta ya asumió que la faena mortal del COVID-19 solo puede terminar con la aplicación masiva de las vacunas. El jefe de Gobierno porteño recibe su alícuota enviada por la administración de Alberto Fernández, pero todas las semanas sufre una crisis de abastecimiento porque no hay una provisión sistemática de dosis enviadas desde Moscú y Pekín con embarques de Sputnik V y Sinopharm. En este contexto, Rodríguez Larreta decidió abrir un canal de diálogo directo con la Casa Blanca para acceder a las vacunas que se apilan por millones en los Estados Unidos. El jefe de Gobierno se reunió con la encargada de Negocios, MaryKay Carlson, en su despacho de la calle Uspallata para plantear una posibilidad sanitaria que necesita la unión de la voluntad política de dos jugadores clave: el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, y su par argentino Alberto Fernández. Si ellos no avalan su estratégico plan, las dosis de AstraZeneca, Johnson, Pfizer o Moderna, jamás llegarán de manera directa a la Ciudad de Buenos Aires. Junto a Rodríguez Larreta participaron del encuentro Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, la encargada Carlson, que llegó a Uspallata acompañada de James O´Mealia, consejero político interino, y James Michael Saxton Ruiz, consejero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Estados Unidos tiene millones de vacunas que exceden su propia necesidad local frente al COVID-19 y Biden analiza la posibilidad de cederlas o autorizar su venta a países que sufren una crisis continua de abastecimiento. La eventual decisión de Biden no solo tiene razones humanitarias: China y Rusia ejecutan una Diplomacia de la Vacuna en los países periféricos y la Casa Blanca pretende balancear sin demoras esa estrategia geopolítica. Con idéntica intención de Rodríguez Larreta -acceder a las vacunas que no usará Estados Unidos en su propia población-, Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini ya se encontraron con la encargada Carlson en Balcarce 50. Ocurrió hace una semana y la ministra de Salud y la consejera presidencial insistieron en la necesidad de contar con una mayor provisión de dosis que la Casa Blanca podría enviar a la Argentina en los próximos meses. Desde esta perspectiva, Vizzotti y Nicolini saben que Washington concederá la prioridad a los Estados nacionales, y aún no decidió si abrirá un canal paralelo de entrega de vacunas a otros actores institucionales. Si finalmente Washington abre la mano, Argentina podría recibir millones de dosis que no se utilizan en los Estados Unidos y el interlocutor directo será Alberto Fernández. Rodríguez Larreta apoya la decisión de la Casa Blanca de entregar las vacunas al Gobierno nacional, no importa qué marca ni volumen, pero a su vez preguntará a la encargada Carlson acerca de la posibilidad de acceder sin pasar por la Casa Rosada. Rodríguez Larreta tiene una metodología de aplicación que difiere de los mecanismos usados por el Estado nacional, y la vez que solicitó mayor cantidad de dosis se encontró con la decisión política del Gobierno de habilitar al PAMI como centro de vacunación. Ya en la primera semana de esta inesperada convivencia política-sanitaria, los enfrentamientos políticos terminaron en una denuncia judicial que aún está pendiente de resolución. El jefe de Gobierno desea que ingresen al país millones de vacunas, y reiterará a la encargada Carlson la necesidad de contar con las dosis de AstraZeneca que se terminaron de fabricar en Estados Unidos y aún tienen trabado su envío a la Argentina. Se trata de una cuenta simple: cuanto más llegue, más se podrá aplicar en la Ciudad.
Lo consignó EL NORTE en su edición de ayer: el Hospital San Felipe informaba este martes el deceso de una mujer de apenas 47 años y sin enfermedades preexistentes como consecuencia del coronavirus. La información se conocía pocas horas después que supiera que en Rosario había perdido la vida otro nicoleño, también joven: de 41 años. Este miércoles el San Felipe informaría otra muerte de una persona menor de 60 años: un hombre de 57. Es que aunque la pandemia golpea con más fuerza (en términos de decesos y contagios) en las personas mayores, tampoco puede decirse que no genere consecuencias lamentables entre pacientes más jóvenes. En lo que va del año, las vidas que se perdieron en San Nicolás suman un total de 76, según informa en su registro estadístico oficial el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. De esas víctimas fatales, 10 no habían llegado a cumplir los 60 años. La proporción es similar a la que los sub-60 ocupan en el total de decesos que provocó hasta el momento la pandemia; es decir, contando también las vidas perdidas en 2020: del total de 312 muertes, 48 fueron de hombres y mujeres menores de 60. Casi el 16%. En cuanto a contagios, la relación inversa: el grupo de los +60 constituye el 16% del total de positivos diagnosticados en nuestra ciudad. El grupo de los pacientes de hasta 59 años representa el 84% del total.
Naturalmente, las vidas duelen. Todas. Pero también la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios entra en jaque con pacientes jóvenes que se contagian, se agravan y demandan extensas estadías en las terapias intensivas. Lo graficó con claridad el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Señaló que casi siete de cada diez pacientes internados en terapia intensiva fallecen, al tiempo que crece la tasa de internación entre pacientes jóvenes, quienes permanecen más tiempo hospitalizados. “La mayoría de las camas que se liberan es por óbito”, señaló. La cartera sanitaria nacional también tomó nota de la preocupante situación. En lo que va de abril de 2021, el 56,3 por ciento de los internados en terapia intensiva en hospitales nacionales de Argentina son menores de 60 años, en línea con la tendencia que se viene registrando en otros países de la región durante 2021, tal como informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De ese porcentaje, el 43,8 % corresponde a mayores de 60 años, el 44,8 % al grupo de entre 40 a 60 y el 11,5 % al grupo entre 15 y 40 años. Además, en terapia intermedia la situación se repite con un 40 % de ocupación de mayores de 60; un 50,7 % correspondiente al grupo etario de entre 40 y 60 y 9,3 % al grupo entre 15 y 40 años. El patrón coincide con los resultados de un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) que arrojó “una alta ocupación de camas a predominio de pacientes jóvenes graves portadores de la COVID-19, con un alto requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y de posición prono” (boca abajo).
En una alerta epidemiológica, la Organización Panamericana de la Salud indicó que si bien el número de hospitalizaciones, de internaciones en unidades de terapia intensiva (UTI) y de defunciones por COVID-19 eran más altas en adultos mayores y en aquellas personas con comorbilidades, “a nivel global se observa un cambio del perfil de la edad de los casos hospitalizados, y hospitalizados en UTI, con una mayor tasa de hospitalización en población más joven”. A nivel regional, la alerta de la OPS menciona los casos de Brasil, Chile, Paraguay y Perú en los que se registra “el incremento de severidad en población menor de 60 años”. Según el informe, en Brasil cuando se compara la tasa de hospitalización más alta ocurrida en 2020 (13 de julio) con la tasa más alta ocurrida en 2021 (10 de marzo) se observa que los menores de 39 años, y los grupos de 40-49 años así como los de 50-59 años duplicaron el valor de las tasas de hospitalización. El mayor incremento porcentual se registró en el grupo de 40-49 años (56%), seguido por los menores de 39 años (53%) y el grupo de 50-59 años (51%). Entre los adultos mayores de 60 años el incremento fue menor con 32 %. La situación se replica en Chile, en el que si bien las tasas de ocupación diaria de las camas de UTI muestran que entre abril y diciembre de 2020, a mayor edad, mayor tasa de hospitalización, desde mediados de marzo de 2021 en adelante se observa un cambio en ese patrón. Así el grupo de 50-59 años presentó una tasa mayor que la de los adultos mayores. Además, en los menores de 49 años la tasa se triplicó con incrementos de 71 % y 65% en los menores de 39 años y en el grupo de 40-49 años respectivamente; mientras que en el grupo de 50-59 años la tasa se duplicó. Por otro lado, en el mismo periodo, el grupo de mayores de 60 años presentó un descenso de 8 % en la tasa de hospitalización en UTI. En Paraguay las tasas de mortalidad de marzo de 2021 son las más altas registradas desde las primeras defunciones ocurridas en ese país, en todos los grupos etarios. Luego, al comparar las tasas de mortalidad de diciembre 2020 con las tasas de marzo 2021, en Paraguay se observó que los grupos etarios de 50-59 años y de mayores de 60 años las tasas se duplicaron, en tanto que en los menores de 39 años la tasa de mortalidad se triplicó y en el grupo de 40-49 años se quintuplicó. Finalmente, en Perú al comparar las tasas de mortalidad registradas en diciembre 2020 con las tasas registradas en marzo de 2021, se observó que tanto en los menores de 39 años y en los de 60 y más las tasas se triplicaron con un incremento relativo de 66 % y 67 %, respectivamente. Mientras que los grupos de 40-49 años y de 50-59 años esas tasas se cuadruplicaron e incrementaron en 73 % y 77 %, respectivamente.
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