No vapear, no calentar tabaco, pero tampoco fumar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado este martes un decreto que prohíbe la “circulación y comercialización” de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Primero, el Gobierno vetó la importación de estos dispositivos, una medida tumbada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, otras instituciones se sumaron a la batalla. Hace algunas semanas, el Senado aprobó la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, con lo que estos productos quedaron nuevamente prohibidos a su importación legal, ya que actualmente ni vapeadores ni calentadores se producen en el país. Hoy, finalmente, el presidente ha prohibido su venta legal.

La decisión se ha adoptado también después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declarara una alerta sanitaria máxima por los riesgos para la salud que representan todas las modalidades de productos alternativos al tabaco. Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación y entidades locales han emprendido varias campañas para localizar y decomisar estos dispositivos en al menos una decena de Estados.

Estas alertas y ahora las medidas adoptadas han alentado un debate sobre los riesgos de la incursión en el mercado negro de vaporizadores que llegan al país de contrabando. “Estamos dejando en manos del mercado negro la distribución, en lugar de permitir que algunas empresas los importen, paguen impuestos y sueldos, estamos dejando ese tema en la informalidad y en la ilegalidad”, dijo el senador Luis Ortiz durante la discusión de la ley de impuestos.

Aunque el mercado legal de los vaporizadores o calentadores de tabaco había crecido en el país, seguía siendo una fracción mínima en comparación con el de los cigarrillos convencionales. Philip Morris Internacional, uno de los comercializadores de estas alternativas, pasó de tener 35.000 a cerca de 42.000 usuarios de calentadores de tabaco. Paralelamente, en los últimos cinco años, la industria del tabaco aumentó sus ventas de 878 a 1.246 millones de pesos al año, de acuerdo con estimaciones del Inegi. A nivel mundial, el uso de alternativas para consumir nicotina crece velozmente, aumentando su valor conforme los usuarios cambian de preferencias.

Al mismo tiempo, el mercado ilegal del tabaco representa el 19% del total del mercado, según un estudio realizado por la Confederación de Cámaras Industriales de México. Entre 2019 y 2020, aunque hubo un incremento de los impuestos al tabaco por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), la recaudación se contrajo debido al comercio de productos apócrifos de tabaco.

Uno de los argumentos que se dio para prohibir cualquier tipo de dispositivo vaporizador, ya sea que se trate de productos con o sin nicotina, es que se usan varios saborizantes para “enganchar a los niños y adolescentes que después serán consumidores de otras drogas”, dijo la senadora Lilia Valdez antes de la aprobación de la ley.

Andrea Constantini, jefa de relacionamiento científico para Latinoamérica y Canadá de Philip Morris Internacional, asegura que la prohibición en general origina más canales para que los menores lleguen a los productos no regulados. “Las prohibiciones solo llevan a una mayor cantidad de ilícitos, falta de control, de mercado negro y de no saber qué es lo que consume la población, sobre todo para los menores, quienes adquieren productos por canales donde no existe ningún control”, dice en entrevista.

De acuerdo con datos de varios comercializadores de productos alternativos con y sin nicotina, estos productos contienen hasta un 95% menos de sustancias nocivas para la salud, causantes de Enfermedad Pulmonar Oclusiva Crónica (EPOC) y varios tipos de cáncer. Pese a ello, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido enfática en decir que, aunque se puede tratar de una alternativa para los fumadores ya existentes, no se trata de productos que estén exentos de causar daños a la salud.

El principal argumento de las empresas que comercializan productos alternativos al tabaco es que, a diferencia de los cigarrillos, estos no necesitan combustión para funcionar. Varios organismos regulatorios de salud en el mundo se han valido de este argumento para regularlo, entre ellos la Agencia de Salud Pública de Reino Unido, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. “La decisión se debe de tomar con base en evidencia científica, no sobre dogmas o desconocimiento de las alternativas”, dice Constantini.

Aunque tampoco en todos los países donde se ha regulado se ha podido proteger a los adolescentes del consumo de sustancias prohibidas. En Estados Unidos, donde la FDA regula los cigarrillos electrónicos desde 2016, se estima que poco más de dos millones de jóvenes de entre 14 y 17 años, vapean.

Para la industria regulada, dejar fuera a los menores de edad no es la discusión, sino que se trata de una opción para adultos que debe dejar fuera el mercado negro de cigarrillos. “Es fundamental regular para que los productos de calidad estén a mano de los adultos que ya fuman, al mismo tiempo que se protege a los menores de edad y a las personas que no fuman, alejándolos del humo dañino del tabaco”, finaliza Constantini.

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Periodista nacida en Iztapalapa, en Ciudad de México. Es licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (2006-2010). Formó parte del equipo de Verne México desde julio de 2017 y en 2021 se sumó a la redacción de EL PAÍS México. Le apasiona andar en bicicleta.

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